Alimentos y gastos extraordinarios

Conviene partir del concepto de alimentos o pensión alimenticia que según el artículo 142 de nuestro Código Civil, incluye lo que necesita un niño para cubrir su manutención en sentido estricto, vestido, habitación y educación. A la hora de fijar su cuantía además hay que tener en cuenta conforme al art.146 del Código Civil, dos parámetros proporcionales; las necesidades concretas del niño que son diferentes en cada caso tratando siempre que la ruptura conyugal produzca el menor cambio posible en las costumbres y nivel económico y social del menor y la capacidad del que abona la pensión alimenticia.
Además se establece que ambos progenitores deberán contribuir a la manutención del hijo común conforme a sus ingresos, teniendo en cuenta que el cuidado del progenitor custodio ya es una parte del pago en especie de la pensión alimenticia.
No existen tablas de alimentos sino que en cada caso concreto se establece una cuantía adecuada a las necesidades de los hijos y capacidad económica de los progenitores. 
La pensión de alimentos queda establecida de mutuo acuerdo en el convenio regulador, en los procesos amistosos y en los contenciosos que se recoge en el fallo de la Sentencia que dicte el Juzgado de Familia. En ambos casos los alimentos se actualizan anualmente conforme al IPC que publique el INE y su plazo de reclamación es de 5 años. Por tanto, es aconsejable reclamar tanto el pago de alimentos como sus actualizaciones mediante carta, enviado por Letrado al progenitor que corresponda y de este modo se suspende el plazo para no perder el derecho a reclamar.
Si la reclamación extrajudicial no da resultado hay que interponer una DEMANDA de EJECUCION firmada por abogado y procurador, donde ser reclama el importe de las pensiones alimenticias impagadas, más los correspondientes intereses y costas. Se pueden solicitar medidas ejecutivas tales como embargo de sueldos y cuentas corrientes. 
A parte de la pensión alimenticia ordinaria y pagadera en 12 mensualidades dentro de los cinco primeros días de cada mes, estarían los gastos extraordinarios.  Se trata de gastos imprevistos que pueden tener lugar durante la vida de los hijos, que no son periódicos y que no se han podido tener en cuenta a la hora de firmar el Convenio o dictarse la Sentencia de divorcio. Igualmente son gastos necesarios para la educación y salud de los menores y que deben ser cubiertos por ambos progenitores al 50%. Normalmente se trata de los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social o seguro medico privado pero además están todos los gastos de campamento, viajes al extranjero para cursar idioma, etc. En todos estos gastos se exige el consentimiento previo de ambos progenitores. Mi consejo es establecer en el convenio regulador una lista de gastos extraordinarios ya pactados expresamente para evitar problemas de reclamación en un futuro.
 
Debe tenerse en cuenta que para que un gasto sea calificado de extraordinario debe ser: necesario, no tener una periodicidad prefijada, ser imprevisible, ser acorde y asumible por el caudal del obligado a su pago.
Para terminar procede  aludir a la última reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009 de 3 de noviembre que ha entrado en vigor en mayo de 2010. Establece que con carácter previo a reclamar un gasto extraordinario que no esté recogido en el convenio regulador o en la sentencia, hay que declarar su carácter de extraordinario mediante el correspondiente incidente en el Juzgado donde la parte a quien se le reclaman pueda oponerse a su pago, y sea el Juzgador el que determine si el gasto es o no extraordinario para su posterior ejecución. Esta novedad procesal va a dar mayor seguridad para saber lo que es o no un gasto extraordinario, pero también va a dilatar en el tiempo su reclamación y la obtención de su pago por parte del otro progenitor.
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  • Abogada

    Ángela Lomeña se licenció en E3 (Derecho y Administración y Dirección de Empresas) en la Universidad Pontificia Comillas. Desde entonces, lleva más de 10 años dedicándose profesionalmente al derecho civil, derecho laboral y derecho de familia, en el cual se ha especializado, trabajando en el bufete de abogados Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

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